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Opinión:”“Poniendo frenos al deterioro ambiental que pretendía Cospedal”. Por Pedro Antonio Ruiz

Villarrobledo
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Imagen de Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades en Albacete.

Algunas amenazas que se ciernen sobre nuestras sociedades son el aprovechamiento ilimitado de recursos medioambientales, facilitar la especulación sobre bienes básicos, y crear infraestructuras que en vez de velar por la ordenación de una convivencia colectiva “justa y equitativa” se convierten en mecanismos impunes hacia la insostenibilidad de nuestros entornos naturales. Estas agresiones tienen un denominador común; intereses mercantilistas “enmascarados, oscuros y hostiles”.

La insolidaria utilización del reparto del agua en cuencas como el Júcar, el Segura, el Guadiana, la mala utilización del trasvase Tajo-Segura, las nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos a través del fracking, o apostar por la creación de un cementerio de residuos nucleares en un terreno no apto para esta actividad, son algunos de los enemigos a los que se está enfrentando el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, en estos primeros meses de Legislatura.

La búsqueda de soluciones para estas ilegalidades que perjudican gravemente la vertebración territorial y se saltan nuestra legislación de protección ambiental, son prioridades para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

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Desde el Ejecutivo regional se están estudiando todas las medidas técnicas, jurídicas y legislativas necesarias para evitar estos grandes males en el entorno rural y en el sector primario, tras cuatro años ya no sólo de recortes de servicios sociales, educativos y sanitarios, sino también un periodo de tiempo caracterizado por la alarmante permisividad de Cospedal, -hoy candidata al Congreso por el PP-, ante múltiples deterioros medioambientales y auspiciando enriquecimientos contra natura.

Ahora, abogamos por una política de sostenibilidad, donde prime la ecología, se defiendan nuestros intereses como Comunidad Autónoma, y además se alce la voz ante agravios que como Región ya no soportamos más.

Este ejercicio de rebeldía nos lleva a oponernos al Decreto del Plan hidrológico de la demarcación de la cuenca del Júcar, con recurso incluido anunciado por García-Page, al entender que esta planificación lleva contemplada en letra pequeña el recrecimiento de la presa de Camarillas, la subida del canon a regantes y ayuntamientos de la provincia de Albacete; y en definitiva por ser una nueva muestra de incumplimiento con los derechos históricos de nuestra tierra.

Esta oposición al Plan de cuenca del Júcar, también se extiende a otras planificaciones hidrográficas aprobadas por el Gobierno central y las Confederaciones Hidrográficas como el Segura, el Guadiana o el Tajo.

Pero sin lugar a dudas, el compromiso para poner freno al fracking, con un buscando stops para los permisos de investigación, gracias a un Anteproyecto de Ley que declara Castilla-La Mancha tierra libre de esta técnica de explotación severa contra nuestros acuíferos y subsuelo; y la oposición al Ministerio de Industria para evitar la construcción de un ATC, y el posterior transporte nuclear atravesando nuestro territorio y carreteras, son “acciones de una gran profundidad legislativa, que sitúan a Castilla-La Mancha entre las regiones más punteras a la hora de velar por crear mecanismos de defensa y protección contra intereses particulares cortoplacistas, sin tener en cuenta, las consecuencias para la desertización, para el futuro desarrollo de nuestra región, y un mayor bienestar para las generaciones venideras”.

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