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Opinión: “la nulidad de pleno derecho planea por el Ayuntamiento. ¿Quién debe asumir responsabilidades?”

Agruserpy
El Ayuntamiento de Villarrobledo ha celebrado el pleno correspondiente al mes de diciembre

El Ayuntamiento de Villarrobledo ha celebrado el pleno correspondiente al mes de diciembre

Es lamentable y a la vez alentador que la actuación hasta ahora llevado por el Ayuntamiento en el ámbito de la gestión organizativa de los empleados públicos esté en jaque. Desde hace unos tres años hasta hoy, han ocurrido en el ámbito del empleo publico local una serie de acontecimientos que deben marcar un antes y un después en el ámbito de la gestión de los empleados públicos.

Todo empieza con la decisión del equipo de gobierno allá por el año 2013 (Partido Popular) de embarcarse en un intento burdo de racionalización de la plantilla del Ayuntamiento mediante una serie de despidos objetivos individuales, eludiendo a toda costa un expediente de regulación de empleo de extinción de contratos. Es evidente que el Ayuntamiento de Villarrobledo, como Administración Pública debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, en este sentido el hecho ya de decidir llevar a cabo dichos despidos en el contexto organizativo existente merece ya el calificativo de intento burdo, toda vez que si de algo viene adoleciendo históricamente el Ayuntamiento es de no estar organizado tal y como la le Ley establece, es decir en el Ayuntamiento históricamente se viene prescindiendo de algún instrumento organizativo (catálogo de puestos de trabajo, Relación de puestos de trabajo…) .

Villarrobledo

Paralelamente a la decisión de llevar a cabo despidos, igualmente en el contexto organizativo descrito, se procedió a la eliminación de diversos complementos salariales de algunos empleados públicos.

Poco después, a mediados del año 2014 el Ayuntamiento es condenado por sentencia firme a elaborar y aprobar una relación de puestos de trabajo como una obligación jurídica de todas las Administraciones Públicas.

Como dicen que a toda acción le sigue una reacción, evidentemente los empleados públicos afectados por tales acciones extintivas de contratos y modificativas de sus salarios, llevaron a cabo las acciones legales correspondientes en defensa de sus derechos tratando de cuestionar la legalidad de dichas acciones.

Pues bien, tras un peregrinar judicial de las distintas acciones legales llevadas a cabo, los tribunales se han manifestado tachando de no ajustada a derecho la actuación del Ayuntamiento como Administración Pública.

Y de esos polvos estos lodos: readmisiones de empleados públicos, restitución de conceptos salariales, salarios de tramitación, condena en costas… Como decimos en Villarrobledo, para ese viaje no se necesitan alforjas o, ha sido peor el remedio que la enfermedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha deja claro que la actuación del Ayuntamiento (supresión de plazas o alteraciones retributivas complementarias) fuera del marco de la modificación de la RPT o instrumento organizativo similar por los cauces legales; si son medidas adoptadas fuera de dicho marco legal deben anularse.

Y digo yo, si ello jurídicamente hablando es evidente,   ¿qué o quién ha fallado? ¿quién debe asumir la responsabilidad de tal aberración jurídica?

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