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El grupo Popular revela un presunto delito económico de la etapa socialista

Villarrobledo

 

Amalia Gutiérrez, portavoz del equipo de gobierno del PP

Amalia Gutiérrez, portavoz del equipo de gobierno del PP

 La primera teniente de alcalde y concejal de Economía, Amalia Gutiérrez, ha dado a conocer una nueva situación irregular producida durante la gestión del anterior equipo de gobierno socialista, con un presunto delito de prevaricación en la contratación para la prestación de servicios de alquiler de equipos de iluminación y sonido.

Amalia Gutiérrez, aseguró que se trata de un presunto delito económico de la etapa de gobierno socialista que ahora sale a la luz, detallando que el ayuntamiento y el extinto Organismo de Cultura “Miguel de Cervantes”, formalizaron en su día contratos de prestación de servicios con una empresa de Villarrobledo, “Electroson Villarrobledo, S.L”, que por ley no podía contratar con la Administración Local, y que durante muchos años ha venido prestando los servicios de iluminación y sonido, tanto al propio ayuntamiento como a los dos organismos autónomos.

Según la edil Popular, el motivo que provoca esta prohibición nace por ser José Francisco Melero Marhuenda, trabajador en plantilla y nómina del OA, al mismo tiempo trabajador y miembro de la citada empresa, además de ser administrador mancomunado de esta empresa.

Amalia Gutiérrez explicaba que la ley indica que un trabajador del Ayuntamiento u Organismo Autónomo no puede contratar o prestar servicios con el sector público a través de una empresa o sociedad, “ya que la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas lo prohíbe expresamente”, incidiendo en que esta empresa lleva prestando sus servicios al ayuntamiento y los Organismos autónomos al menos desde 2004, y hasta el año 2011, fecha en que el actual equipo de gobierno dejó de contratarla, “y en ese periodo ha facturado más de 600.000 euros, con una facturación media de 75.000 euros al año”.

La portavoz popular detallaba que en febrero de 2009, el OA de Cultura contrataba como trabajador de plantilla a José Francisco Melero Marhuenda, como técnico auxiliar de iluminación y sonido, pasando desde esa fecha a cobrar una nómina de este organismo todos los meses, al tiempo que seguía y sigue siendo administrador mancomunado de la empresa “Electroson Villarrobledo SL”, con la que el ayuntamiento contrataba sistemáticamente los servicios de iluminación y sonido.

Villarrobledo

Abunda en que es en ese mismo año cuando esta empresa más ha facturado al Ayuntamiento y a los organismos autónomos, con una facturación de más de 109.000 euros en ese ejercicio, “cuando el sentido común y la lógica nos dice que tener un trabajador en plantilla, especializado en un tema concreto implicaría un menor gasto para la administración a la hora de tener que contratar servicios externos de una empresa”.

Tras revisar distinta documentación, desde alcaldía se solicitó en mayo pasado un informe al secretario general del ayuntamiento respecto a este asunto, donde se determina que, a la vista de los antecedentes, “la empresa citada estaba incursa en prohibición para contratar en relación con el expediente de contratación de suministro de equipamiento e iluminación, por ser José Francisco Melero Marhuenda trabajador del Organismo Autónomo, y administrador mancomunado de la mencionada empresa en el momento en que se adjudicó el contrato”.

Indicaba que, con respecto al trabajador, que en estos momentos, y desde febrero de 2013, se encuentra en excedencia, se va a iniciar un expediente disciplinario, ya que entiende que se ha podido cometer una falta, tipificada como muy grave, en materia laboral.

Amalia Gutiérrez afirmaba que el informe emitido por el secretario del ayuntamiento determina que este trabajador ha incurrido en causa de incompatibilidad legal, añadiendo que se está estudiando pedir responsabilidades publicas  y denunciar ante el juzgado estos hechos, por constituir un posible delito de prevaricación, contra los miembros del anterior equipo de gobierno socialista, en concreto contra el entonces concejal de Cultural, Antonio Arribas, y la secretaria del organismo.

Detallaba que, tras analizar las facturas emitidas por los servicios prestados durante la etapa de gobierno socialista, comparándolas con la empresa que presta esos mismos servicios en la actualidad, se han detectado desvíos al alza en los precios, que llegan hasta el 180 % más caro los precios en la etapa socialista.

A su juicio, esto es algo que debe explicar el anterior alcalde, “para saber cómo hace diez años los costes por prestar unos servicios, los mismos que se prestan ahora, eran más caros que en la actualidad”, poniendo otro ejemplo del derroche de dinero público por parte del anterior gobierno, como era el pago por parte del organismo Autónomo del alquiler de un equipo de iluminación, por importe de 3.000 euros al año, “cuando el actual equipo de gobierno ha podido comprar un equipo nuevo por ese mismo importe”.

Por último remarcaba que, de no recibir una explicación clara y razonable por parte del anterior alcalde, presentarán ante el juzgado la pertinente denuncia por un presunto delito de prevaricación, en principio dirigida contra los responsables con firma en el OA, como eran el anterior concejal de Cultura, y la secretaria del mismo.

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